Guanajuato, Gto., 8 de agosto. Hacia las tres de la tarde del 23 de agosto de 2002, en la desolada ranchería La Grulla, del municipio de Dolores Hidalgo, María Araceli Camargo Juárez, que para su desgracia acababa de cumplir 18 años de edad, entró en la fosa séptica del patio de su casa y, mientras pujaba en cuclillas pensando que tenía diarrea, expulsó involuntariamente un producto en avanzado estado de gestación. Enseguida perdió el conocimiento. Al recobrarlo, minutos después, se cortó el cordón umbilical y, sangrando, regresó a la vivienda.

Lidia Camargo, su hermana mayor, le preguntó qué le pasaba. Araceli respondió que le había bajado la regla pero que se sentía muy mal. Su mamá, doña Remedios Juárez, que entonces tenía 60 años de edad, salió a pedir ayuda a un vecino. En medio de fuertes dolores, Araceli fue transportada en una Pick-up al hospital público de San Miguel de Allende, donde la ingresaron al área de urgencias.

Transcurrió largo rato. Doña Remedios y Lidia esperaban en la antesala. Nadie les daba noticias. De pronto un médico les dijo: Ya no se hagan tarugas, ¿dónde está el niño? Madre e hija se miraron atónitas. ¿Cuál niño? No entendían de qué les hablaba.

Empezaba a oscurecer cuando ambas fueron llevadas por agentes de la Policía Ministerial a una oficina para interrogarlas. Y nomás preguntaban, ¿dónde está el niño, dónde está el niño?, cuenta doña Remedios. Ante sus reiteradas negativas, a ella y a Lidia las encañonaron con una pistola en la cabeza. Pero qué iban a decir si, hasta donde sabían, Araceli no estaba embarazada.

Aún en el área de urgencias, tras la denuncia del médico, Araceli ya se encontraba detenida como presunta responsable de infanticidio. Ante los tinterillos, relató, una y otra vez, que al hacer del baño se le había salido una especie de bolsa de plástico. ¿Dónde?, decían sus interrogadores.

En la letrina del patio, respondió.

En el expediente del caso, copia del cual obra en poder de este diario, consta que a las 10 de la noche de ese 23 de agosto, representantes del Ministerio Público iniciaron una inspección ocular en la casa de doña Remedios, y que, dos horas más tarde, encontraron con linternas el cadáver de un producto del sexo femenino, de 53 centímetros de longitud, que de acuerdo con la autopsia hubiera vivido una media de 75 años.

El sábado 24 de agosto, en cuanto pudo levantarse de la cama, Araceli fue enviada al Centro de Rehabilitación Social de San Miguel de Allende. Ahí entró en acción un personaje desde todo punto de vista siniestro: la defensora de oficio María Guadalupe Cruces Luna. Cuenta doña Remedios:

“Me dijo que ella iba a defender a Araceli, pero que necesitaba mucho dinero. ‘¿Qué animalitos tiene para vender?’, me preguntó. No tengo ninguno, somos muy pobres. Mi esposo y mi hijo se fueron a Estados Unidos y hace años que dejaron de mandarnos dinero. Pero la señora no quería oír mis problemas. ‘Pues deme aunque sea lo que traiga’. Le di lo que llevaba, como 600 pesos”. Tercia Lidia Camargo: “otro abogado nos dijo: ‘por 30 mil pesos la saco bajo fianza’. Pero, ¿dónde íbamos a conseguir 30 mil pesos?”.

La defensora Cruces Luna se vengó de la pobreza de estas mujeres. En privado, al entrevistarse con Araceli, se dedicó a denigrarla, llamándola asesina, asegurándole que los años de cárcel que le echaran, serían pocos comparados con lo que hizo. Más tarde, en la audiencia presidida por el juez penal de San Miguel de Allende, Carlos Alberto Llamas Morales, mintió al afirmar que la joven había admitido ser autora del crimen

El Ministerio Público contradijo el testimonio de Araceli, al ofrecer la hipótesis, no respaldada por pruebas, de que la campesina había dado a luz en la nopalera del patio, delante de la letrina, y que después arrojó viva a su niña al fondo de la fosa séptica. Para respaldar la acusación, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato pidió al juez tomar nota de que, en la autopsia, se halló materia fecal en las vías respiratorias del cadáver.

Sin encontrar en el expediente evidencias que demostraran que Araceli había parido en la nopalera –que entonces, dice doña Remedios, era así de chiquita y pone la mano a unos 30 centímetros del suelo, para ilustrar que su hija no pudo haberse ocultado ahí, al rayo del sol–, el juez Llamas Morales pasó por alto que, en el reporte de la inspección ocular practicada durante el levantamiento del cadáver, los agentes del Ministerio Público reportaron una espesa mancha de sangre en el borde de la fosa séptica, donde Araceli se colocó en cuclillas a pujar, creyendo, como consta en el expediente, que tenía diarrea.

Basado en conclusiones dogmáticas y confesiones obtenidas mediante interrogatorios manipulados, que obligaron a Araceli a reconocer que escuchó llorar a su niña, el juez Llamas Morales la condenó a 26 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco. Madre de una pequeña que entonces tenía dos años de edad, Araceli estuvo en el Cereso de San Miguel hasta septiembre de 2003. Luego fue transferida al de Puentecillas, en la capital de Guanajuato, donde lleva ocho años y donde, la semana pasada, fue obligada a firmar una carta en la que, de manera libre (sic), manifiesta su deseo de no dar entrevista (sic).

Por su parte, en noviembre de 2005, el juez Llamas Morales recibió una denuncia en contra del sacerdote Laurencio Pérez Mejía, sospechoso de embriagar a una menor de 14 años para intentar sostener relaciones sexuales con ella. El religioso fue capturado 52 meses más tarde, el 18 de marzo de 2010, y cuatro días después quedó formalmente preso en el Cereso de San Miguel de Allende.

De acuerdo con el artículo 236 del Código Penal de Guanajuato, a quien induzca a la ebriedad a un menor de 18 años de edad para realizar una conducta sexual (...) se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión. El pasado 31 de mayo, con una compasión que jamás mostró al castigar a Araceli, el juez Llamas Morales condenó al pederasta a cuatro años y 3 meses de cárcel, pero luego le otorgó el beneficio de la semilibertad, que lo obliga a dormir tras las rejas sólo los fines de semana.

Gracias a Llamas Morales, el cura salió del Cereso en junio pasado, después de pagar 2 mil 600 pesos por concepto de reparación de daño y 8 mil más para gozar de la libertad de lunes a viernes.